La capacidad de reinventar la historia para justificar expropiaciones no tiene límites en América Latina. Ahora hay quienes nos quieren echar el cuento de que en Bolivia, hasta que llegó Evo Morales, dominaba una oligarquía blanca y de rancio abolengo que mantuvo a latigazos una gran desigualdad en lo que siempre ha sido un país rico. La trama de este cuento, diseñada a la conveniencia del actual Presidente y parecida, por cierto, a la historia oficialista en Venezuela, sugiere entonces que el mandato de Evo Morales es el de saldar esa deuda histórica expropiando a los capitalistas de su “acumulación originaria” de capital –pecado original según Marx– para que el Estado se encargue de repartir la riqueza entre la mayoría indígena excluida desde los tiempos de la colonia. Veamos por qué la realidad no calza con esta descripción.

Bolivia no es un país rico, de hecho, es más bien el país más pobre de América Latina después de Haití. Ciertamente es un país desigual, pero con índices Gini de desigualdad similares a los de Brasil o Chile, países que, por cierto, tienen un ingreso per cápita más de tres veces superior al de Bolivia. Por lo tanto, el problema de los bolivianos no es que el ingreso esté mal distribuido sino que éste apenas existe. En otras palabras, el reto no es la redistribución obligada de lo poco que hay sino la creación de un ambiente que invite a la inversión y genere más empleo y crecimiento. Sólo así tendrá éxito Evo Morales en satisfacer las legítimas aspiraciones de la población que lo apoya, sea ésta indígena o no.

Por otra parte, esa “rancia oligarquía” no ha estado en el poder ininterrumpidamente desde la colonia. En Bolivia se produjo una revolución en el año 1952 liderizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario durante la cual se nacionalizaron las minas de estaño, cuyos activos pasaron a formar parte de la empresa del estado Corporación Minera de Bolivia. En 1953 también se realizó una agresiva reforma agraria por la cual se repartieron tierras baldías y se expropiaron fincas para repartirlas entre los campesinos del mayoritariamente indígena oeste de Bolivia. En otras palabras, este proceso revolucionario que se extendió por más de diez años, sirvió para darle un gran poder tanto a los sindicatos mineros como a los campesinos a través de distintas federaciones y grupos de presión los cuales lograron una gran influencia en la toma de decisiones del Gobierno.

El otro mito es que la región de la “media luna” –compuesta por las prefecturas de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, en el este de Bolivia, y donde perdió Evo Morales de manera categórica–, está en manos de esa “rancia oligarquía". Esa zona del país estuvo deshabitada hasta que otra revolución, la tecnológica-agrícola que se inició apenas hace 20 años, permitió el desarrollo de un tipo de soya genéticamente alterada para crecer en esas tierras. En otras palabras, esa zona no estuvo poblada sino hasta épocas muy recientes, pues los indios precolombinos y los poscolombinos optaron por vivir en el altiplano, en efecto el más pobre hoy pero no por falta de expropiaciones y nacionalizaciones. Es decir, la nueva revolución boliviana pretende usar el mismo cuento para apropiarse de los frutos del esfuerzo de otros, no de los mantuanos de la colonia sino de emprendedores recientes.

Esta historia recurrente de expropiaciones está entre las cosas que han mantenido a Bolivia y a otros países de América Latina en la pobreza, pues al dedicarse a arrebatar el esfuerzo ajeno, aquellos dispuestos a esforzarse para crear riqueza y bienestar terminan haciéndolo en otras latitudes. Es por ello que en el país de Evo y en el de Chávez, muchos ciudadanos prefieren ser “explotados” en la oprobiosa España que “liberados” en su propia tierra.

Publicado en el Diario El Nacional edición del día 16/08/08 página A11

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Desde que Marx vio en la lucha de clases y en la revolución proletaria la receta que acabaría con el capitalismo y nos llevaría indefectiblemente a las bondades del socialismo, totalitarios de todos los colores han reinventado la historia para incitar esas luchas de clase y justificar los atropellos de las revoluciones. Por ejemplo, para propiciar una revolución marxista, Lenin estimuló la violencia cuando los campesinos rusos –no los trabajadores, como lo pronosticaba Marx– se sublevaron no contra la burguesía –pues Rusia era un país rural– sino contra la escasez y la miseria heredada de la Primera Guerra Mundial. Mussolini, por su parte, azuzó los odios nacionalistas reinterpretando la lucha de clases entre los países proletarios como Italia y los países explotadores. En fin, la reinvención de la historia para justificar revoluciones no tiene límites.

La historia oficial venezolana sobre esta revolución que nos ha tocado vivir no ha sido la excepción. El cuento de nuestra “lucha de clases” sobre la que se asienta esta revolución marxista es el siguiente. Una minoría blanca y excluyente explota desde la época de los mantuanos a una población mestiza hasta que llega un líder carismático de esa mayoría oprimida –Hugo Chávez– y aprovecha las tensiones sociales y raciales maceradas desde los días de la Colonia para liderar una revolución que obligue a esa élite a pagar por sus pecados históricos.

Esa historia inventada e irresponsablemente repetida por este Gobierno se tropieza con la inconveniente… realidad. Por ejemplo, este cuento ignora el hecho de que, luego de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela se convirtió en el primer destino latinoamericano para emigrantes del sur de Europa, principalmente Italia, España y Portugal. De acuerdo con algunos estudios (Levy and Yang, 2006) Venezuela –un país de 7 millones de habitantes para la época– recibió durante 1948 y 1958 alrededor de medio millón de inmigrantes con sólo educación primaria. Esta masiva ola migratoria aumentó la proporción de extranjeros sobre la población total a 7% para 1960, muy por encima del 5,4% registrado para los Estados Unidos ese mismo año. Venezuela también ha sido la tierra de oportunidades para colombianos, ecuatorianos, dominicanos o libaneses, como mi abuelo, y judíos, como mi suegro. Por eso la “historia oficial” no contesta la siguiente pregunta: ¿Por qué vendrían a nuestro país cientos de miles de inmigrantes con poca educación si las oportunidades estaban reservadas sólo para una élite excluyente? De hecho, más del 30% de los inmigrantes europeos, al igual que los árabes y judíos, se convirtieron en empresarios y pasaron a integrar un importante segmento de la clase media venezolana. Este alto porcentaje –10 veces mayor que para empresarios del mismo nivel educativo nacidos en Venezuela– prueba, entre otras cosas, que las barreras a la entrada eran bajas y las oportunidades amplias.

Por eso en la “historia oficial” no caben los Nelson Mezerhane, hijo de libanés, hostigado por este Gobierno y que acaba de recibir el premio Empresario del Año.

Tampoco los Yon Goicochea, nieto de vascos, y quien se ganó este año el premio Milton Friedman, ni los Teodoro Petkoff, ni los Tarek William Saab, ni El Troudi, ni Giordani y, por cierto, ¿de dónde vienen los ojos azules de Mario Silva? No creo del indio Guaicaipuro. No, en esta historia ni siquiera cabe el propio Chávez, cuyos padres eran maestros gracias a la masificación de la educación y a la movilidad social empujada por la socialdemocracia. En fin, este cuento racista y clasista sobre la cual se quiere incitar a la “lucha de clases” no se la cree ni Oliver Stone.

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Aristóbulo Isturiz, candidato a la Alcaldía Mayor, opina sobre los 3 norteamericanos secuestrados por las FARC durante mas de 5 años.

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Los gobiernos de Chávez y los Kirchner han sido regímenes amigos no sólo en su populismo sino también en su cercanía cómplice como abusadores del poder. Por ejemplo, ambos han preferido enfermizamente la confrontación al consenso y el insulto a Bush para que no les pregunten sobre sus corruptelas. También los une el gobernar con inconsultos decretos a espaldas de la sociedad. Bueno, y ni hablar de los hinchados maletines con dólares del “Imperio” que viajan en aviones de los 2 gobiernos para comprar conciencias. Pues bien, hoy, en julio de 2008, casi 10 años después de haber llegado Chávez al poder y 5 desde que los Kirchner llegaran a la Presidencia de Argentina, la historia los coloca en una encrucijada similar: dejar que la sociedad se exprese a través de sus instituciones o imponer sus decisiones por encima de ellas. Veamos.

Esta semana, al sur del continente, en Argentina, el gobierno de los Kirchner se tropezó con una tremenda piedra institucional. Luego de haber querido imponer vía decreto la resolución 125, que establecía un impuesto móvil de hasta 50% a las exportaciones agrícolas, la Presidenta afrontó el rechazo total de los productores del agro, lo cual disminuyó su popularidad a 30% a pocos meses de haber sido electa. En respuesta, y a la mejor usanza chavista, los Kirchner afincaron su posición en una imaginaria lucha de clases y enfáticamente descalificaron a los agricultores como terratenientes y oligarcas del campo.

Para su sorpresa, se le unió a la protesta la clase media y se dividió el Peronismo. Con esa papa caliente en la mano no le quedó mas remedio a la Presidenta de Argentina que llevar la resolución 125 al Congreso. Pues bien, en un histórico evento, luego de que fuese aprobado en la Cámara de Diputados, se produjo un empate en la Cámara del Senado.

En horas de la madrugada, el vicepresidente Julio Cobos se tuvo que presentar como presidente del Senado a votar para decidir el empate. En algo que consideró su compromiso con la historia, decidió votar en contra de la propuesta.

Al mismo tiempo, en Venezuela se conoció que el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Pedro Rondón Haaz escribió su ponencia sobre el artículo 105 de la Ley de Contraloría, en la cual se apoyó el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, para impedir que cientos de venezolanos que han desempeñado cargos públicos participen como candidatos en las próximas elecciones regionales de noviembre. El magistrado argumenta claramente en dicha ponencia que el artículo 105 de la Ley de Contraloría es inconstitucional y que, por lo tanto, las inhabilitaciones políticas quedarían sin efecto. En otras palabras, el presidente Chávez encuentra un claro obstáculo en el Tribunal Supremo de Justicia a lo que es un descarado uso del Poder Moral para inhabilitar a sus contendores con más posibilidades de ganar. ¿Cuál será el desenlace de este enfrentamiento? El TSJ se encuentra ante la misma disyuntiva que afrontó el Senado y el vicepresidente argentino: apegarse a las instituciones y al deseo de las mayorías o doblegarse ante la tozudez del autócrata y perder toda credibilidad. No cabe la menor duda de que la ponencia del magistrado Rondón Haaz le multiplicó a Chávez y al TSJ el costo político de las inhabilitaciones.

Argentina se despierta tranquila gracias a que se evitó un error histórico que hubiese traído años de enfrentamiento y atraso. Ojalá las instituciones venezolanas puedan ganar una legitimidad similar al decidir correctamente el tema de las inhabilitaciones y dejar que la elección la haga el pueblo. Lo que Chávez y los Kirchner deben entender es que quienes más les favorecen en su estabilidad futura son aquellos que saben decirles que no.

Publicado en el Diario El Nacional edición del día 19/07/08 página Nación A/13

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Las 368 inhabilitaciones políticas que recaen sobre los precandidatos a las elecciones regionales del próximo noviembre son una conocida expresión de los totalitarismos “light” del siglo XXI. Al igual que lo han hecho Putin, Ahmadinejad, Fujimori y Mugabe, Chávez pretende sacar del juego con instrumentos de torcida legalidad a sus opositores más peligrosos. En marzo de este año por ejemplo, el Gobierno iraní, a través del llamado Consejo de Guardianes, logró inhabilitar a casi 2.000 candidatos para las elecciones parlamentarias. La gran mayoría de los que sacaron del juego eran miembros de la alianza opositora al gobierno de Ahmadinejad la cual, con esta medida, fue limitada a competir por sólo 30 de los 290 escaños. En Rusia, el juicio por evasión fiscal y encarcelamiento de Mikhail Khodorkovsky, quien era visto como uno de los principales contendores de Vladimir Putin, le permitió a este último imponer a un leal sucesor sin mayores problemas. ¿Cuál es el modus operandi de estos autócratas posguerra fría? Estas llamadas democracias autoritarias, sistemas híbridos o autocracias competitivas – como lo es el gobierno de Hugo Chávez– tienen una característica en común: a diferencia de los sistemas dictatoriales hegemónicos o unipartidistas, permiten la existencia de una oposición inocua que los legitima.

No son dictaduras, pero tampoco son democracias porque las instituciones democráticas –si bien existen– no tienen independencia y son utilizadas para cercenar las posibilidades de que los partidos de oposición logren cuotas importantes de poder. Estos regímenes, por lo general, se diferencian de las democracias en tres elementos básicos: las elecciones no son justas y libres (utilizan, entre otros atropellos, el fraude o las inhabilitaciones que acabamos de mencionar en Irán, en Rusia y en Venezuela), incurren en importantes violaciones de las libertades civiles (discriminación política, amenazas y coacción) y abusan del poder económico y político del Estado, para crear unas reglas de juego ampliamente sesgadas a favor del partido de gobierno. En otras palabras, la receta tiene dos elementos fundamentales: conducir elecciones periódicas que los legitime y evitar violaciones flagrantes de los derechos humanos que puedan generar cuestionamientos internacionales. Para la supervivencia del autócrata del siglo XXI, es muy importante la fotografía que le da la vuelta al mundo: las largas colas de votantes. Ellos saben que mientras no se asesine al opositor ¿cómo se captura en una imagen la falta de Estado de Derecho? Así, pues, estos tipos ponen la soga al cuello pero no ahorcan, hostigan pero no liquidan, discriminan pero no eliminan, permiten el acto electoral pero limitan el derecho de elegir. ¿Qué hacer? La única opción es seguir compitiendo electoralmente para no perder sino más bien tratar de ganar espacios, pero al mismo tiempo poner en evidencia su verdadera naturaleza antidemocrática para desenmascararlos internacionalmente y ante sus seguidores.

Las inhabilitaciones políticas que este Gobierno nos pretende imponer son una flagrante violación de la Constitución y de nuestro Estado de Derecho.

No podemos ir a las elecciones sin gritarle al mundo lo que verdaderamente está pasando aquí. Hay que manifestar en las calles, informar a la sociedad civil y los gobiernos de otros países sobre éste y otros atropellos. Somos nosotros los responsables de provocar la reacción internacional que este tipo de autócrata teme. Así se hizo en Ucrania, en Irán, en Kenya, y se está haciendo hoy en Zimbabue. Si no asumimos esta responsabilidad, en noviembre los medios de comunicación mostrarán la única imagen que Chávez busca: las colas de votantes esperando para ejercer su derecho como si aquí no estuviera pasando nada. Eso sí que no.

Publicado en el Diario El Nacional edición del día 21/06/08 página Nación 11

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Una estrategia sería la de declarar ilegítima la nueva deuda externa

Chávez sigue negándose a explicar la naturaleza de sus relaciones con las FARC. Esta actitud evasiva es absolutamente inaceptable después de las conclusiones presentadas por la Interpol sobre las computadoras de Raúl Reyes. Si bien esta organización no se pronunció sobre el contenido de los 37.872 documentos analizados, sí confirmó lo que el Gobierno colombiano venía diciendo: que las computadoras no habían sido manipuladas y que en efecto pertenecían a Raúl Reyes. Lo que haga ahora el Gobierno colombiano con esa información dependerá de las posibilidades de encontrar apoyo en los otros gobiernos de la región sospechosamente mudos hasta ahora. Pero a nosotros los venezolanos nos toca exigir de manera categórica que nuestro Gobierno responda a las graves acusaciones que se desprenden de algunos de los documentos que ya han sido publicados. Por ejemplo, existen cartas que demuestran que Chávez no sólo propuso financiar a la guerrilla colombiana con 300 millones de dólares, sino que exculpó secretamente a las FARC de la muerte de varios miembros de la Guardia Nacional y de una ingeniera de Pdvsa en la llamada masacre de Apure. Con delitos de esta naturaleza no nos extraña que el Presidente y la fiscal general se escuden en descalificaciones y llamen “payasada” la investigación llevada a cabo por la Interpol, pero no podemos quedarnos callados.

Me temo que el silencio de los otros países de América Latina ante semejante violación por parte del Gobierno venezolano de los tratados antiterrorismo de la OEA y de las Naciones Unidas son una prueba más del poder de la petrochequera de Chávez. Lo cierto es que durante este gobierno, la deuda de Pdvsa se ha cuadruplicado a pesar de que los ingresos petroleros también lo han hecho y según cálculos basados en anuncios oficiales, Venezuela se gasta 9 millardos de dólares al año en ayuda a otros países, y una cantidad no conocida en una carrera armamentista. En síntesis, este es un gobierno forajido que no sólo gasta nuestros recursos en financiar a terroristas, sino que hipoteca nuestro futuro para comprar lealtades de otros gobiernos y de esta manera evitar sanciones que lo debiliten políticamente. ¿Qué hacer? El tema del castigo internacional a los gobiernos forajidos sigue siendo producto de debate. Una estrategia a considerar sería la de declarar ilegítima la nueva deuda externa que emitan estos gobiernos y de esta manera alertar a los potenciales inversionistas internacionales de que el país no tiene el compromiso de pagarla luego de la salida del Presidente. Esta sanción impide que el Gobierno consiga financiamiento y, por esa vía, que comprometa el futuro del país para mantenerse en el poder. Con ello se le pondrían límites a su capacidad de gasto y de endeudamiento.

Para que el principio de deuda ilegítima tenga los efectos que se desea sin destruir el acceso al crédito de los gobiernos legítimos, es importante que la declaratoria se haga por adelantado y que sólo afecte la deuda emitida a partir de una fecha futura conocida.

Por ejemplo, si la oposición expresa su desconocimiento de la deuda futura y los principales centros financieros del mundo lo acompañan, los acreedores no podrán utilizar las cortes de esos países para hacer valer sus derechos. Sólo los que crean que Chávez se queda hasta el 2021 querrán invertir en deuda que venza en 2010 o en 2020. Así el próximo gobierno no tendrá que cargar con las hipotecas que deje este gobierno forajido.

Publicado en el Diario El Nacional edición del día 24/05/08 página A9

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Al preguntarnos sobre el futuro de América Latina, salta a la vista la generosa petrochequera venezolana, pues debido a ella, muchos países de la región se han vuelto dependientes de lo que suceda en Caracas. Malas noticias para quienes les gusta la certidumbre. Con un Chávez cada vez más errado y más errático, el futuro venezolano es impredecible. En consecuencia, Chávez tiene un doble impacto en este subcontinente: el de su cartera y el de su loquera.

Sin duda, Chávez se ha debilitado políticamente, el retroceso tanto en su ataque a Colombia como en el proyecto de reforma educativa venezolana son una muestra de ello. Sin embargo, su racha de nacionalizaciones y sus embestidas contra el sector privado y los inversionistas extranjeros han aumentado de manera dramática la incertidumbre sobre nuestro futuro. Los datos son impresionantes. En julio de 2006, con el petróleo a 75 dólares el barril, Venezuela y Brasil se endeudaban al mismo precio. Hoy, a pesar de contar con el barril de petróleo a más de 100 dólares, la situación es muy distinta: endeudarnos nos cuesta 5% más que al gigante del Sur. Y es que mientras el índice de riesgo-país de Brasil es apenas 191, el de Venezuela se ha disparado a más de 650 ¿Tendrá esto que ver con el alejamiento de Lula? Precisamente, por su bonanza petrolera y las ambiciones geopolíticas de su presidente, Venezuela se ha convertido en un jugador muy importante en América Latina. El Gobierno venezolano gasta alrededor de 9 millardos de dólares en “asistencia” a países latinoamericanos, esto sin contar lo que “picha” bajo cuerda y los ancestrales trueques hoy popularizados por el supuesto socialismo del siglo XXI en toda la región.

Con esta manipuladora “asistencia", Chávez desplazó al FMI en la Argentina comprándole miles de millones de dólares en bonos y, en consecuencia, ese país decidió correr la arruga y no negociar su deuda vencida con el Club de París. En Ecuador, el genuflexo presidente Correa se ha convertido en un peón de la absurdamente bolivariana política anticolombiana. Es interesante ver cómo Venezuela, junto con sus aliados incondicionales: Ecuador y Argentina, son los países de América Latina con los índices de riesgo-país más altos. Bolivia, Nicaragua y Cuba no tienen bonos que reflejen su riesgo, pero es obvio que su situación es aún peor.

Para hablar de más influencia venezolana preguntémonos ¿Qué pasó con el moderado discurso con el cual Daniel Ortega ganó las elecciones en Nicaragua? Se radicalizó con la “asistencia” que recibe de Chávez. Arropado bajo la chequera del Presidente venezolano, Ortega hace gala del más estridente antiamericanismo y ataca a Uribe siguiendo el guión de su financista. En Bolivia, Evo Morales también sería un presidente muy distinto pues no se atrevería a imponer una reforma constitucional en contra de la voluntad de cuatro importantes estados que amenazan con declararse autónomos. Colombia, por su parte, se ha visto amenazada en su lucha contra las FARC y en su acceso al mercado venezolano.

Perú tiene que lidiar con las organizaciones chavistas ALBA y con Ollanta Humala. En Cuba, la disposición de Raúl Castro de permitir una apertura es inversamente proporcional a los regalos que reciba de Miraflores. La incertidumbre sobre la forma como se desarrollarán los eventos políticos en Venezuela impacta sobre lo que pueda pasar en el resto de América Latina, y esas son malas noticias para todos.

Publicado en el Diario El Nacional edición del día 12/04/08 página A10

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