Los gobiernos de Chávez y los Kirchner han sido regímenes amigos no sólo en su populismo sino también en su cercanía cómplice como abusadores del poder. Por ejemplo, ambos han preferido enfermizamente la confrontación al consenso y el insulto a Bush para que no les pregunten sobre sus corruptelas. También los une el gobernar con inconsultos decretos a espaldas de la sociedad. Bueno, y ni hablar de los hinchados maletines con dólares del “Imperio” que viajan en aviones de los 2 gobiernos para comprar conciencias. Pues bien, hoy, en julio de 2008, casi 10 años después de haber llegado Chávez al poder y 5 desde que los Kirchner llegaran a la Presidencia de Argentina, la historia los coloca en una encrucijada similar: dejar que la sociedad se exprese a través de sus instituciones o imponer sus decisiones por encima de ellas. Veamos.

Esta semana, al sur del continente, en Argentina, el gobierno de los Kirchner se tropezó con una tremenda piedra institucional. Luego de haber querido imponer vía decreto la resolución 125, que establecía un impuesto móvil de hasta 50% a las exportaciones agrícolas, la Presidenta afrontó el rechazo total de los productores del agro, lo cual disminuyó su popularidad a 30% a pocos meses de haber sido electa. En respuesta, y a la mejor usanza chavista, los Kirchner afincaron su posición en una imaginaria lucha de clases y enfáticamente descalificaron a los agricultores como terratenientes y oligarcas del campo.

Para su sorpresa, se le unió a la protesta la clase media y se dividió el Peronismo. Con esa papa caliente en la mano no le quedó mas remedio a la Presidenta de Argentina que llevar la resolución 125 al Congreso. Pues bien, en un histórico evento, luego de que fuese aprobado en la Cámara de Diputados, se produjo un empate en la Cámara del Senado.

En horas de la madrugada, el vicepresidente Julio Cobos se tuvo que presentar como presidente del Senado a votar para decidir el empate. En algo que consideró su compromiso con la historia, decidió votar en contra de la propuesta.

Al mismo tiempo, en Venezuela se conoció que el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Pedro Rondón Haaz escribió su ponencia sobre el artículo 105 de la Ley de Contraloría, en la cual se apoyó el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, para impedir que cientos de venezolanos que han desempeñado cargos públicos participen como candidatos en las próximas elecciones regionales de noviembre. El magistrado argumenta claramente en dicha ponencia que el artículo 105 de la Ley de Contraloría es inconstitucional y que, por lo tanto, las inhabilitaciones políticas quedarían sin efecto. En otras palabras, el presidente Chávez encuentra un claro obstáculo en el Tribunal Supremo de Justicia a lo que es un descarado uso del Poder Moral para inhabilitar a sus contendores con más posibilidades de ganar. ¿Cuál será el desenlace de este enfrentamiento? El TSJ se encuentra ante la misma disyuntiva que afrontó el Senado y el vicepresidente argentino: apegarse a las instituciones y al deseo de las mayorías o doblegarse ante la tozudez del autócrata y perder toda credibilidad. No cabe la menor duda de que la ponencia del magistrado Rondón Haaz le multiplicó a Chávez y al TSJ el costo político de las inhabilitaciones.

Argentina se despierta tranquila gracias a que se evitó un error histórico que hubiese traído años de enfrentamiento y atraso. Ojalá las instituciones venezolanas puedan ganar una legitimidad similar al decidir correctamente el tema de las inhabilitaciones y dejar que la elección la haga el pueblo. Lo que Chávez y los Kirchner deben entender es que quienes más les favorecen en su estabilidad futura son aquellos que saben decirles que no.

Publicado en el Diario El Nacional edición del día 19/07/08 página Nación A/13

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Las 368 inhabilitaciones políticas que recaen sobre los precandidatos a las elecciones regionales del próximo noviembre son una conocida expresión de los totalitarismos “light” del siglo XXI. Al igual que lo han hecho Putin, Ahmadinejad, Fujimori y Mugabe, Chávez pretende sacar del juego con instrumentos de torcida legalidad a sus opositores más peligrosos. En marzo de este año por ejemplo, el Gobierno iraní, a través del llamado Consejo de Guardianes, logró inhabilitar a casi 2.000 candidatos para las elecciones parlamentarias. La gran mayoría de los que sacaron del juego eran miembros de la alianza opositora al gobierno de Ahmadinejad la cual, con esta medida, fue limitada a competir por sólo 30 de los 290 escaños. En Rusia, el juicio por evasión fiscal y encarcelamiento de Mikhail Khodorkovsky, quien era visto como uno de los principales contendores de Vladimir Putin, le permitió a este último imponer a un leal sucesor sin mayores problemas. ¿Cuál es el modus operandi de estos autócratas posguerra fría? Estas llamadas democracias autoritarias, sistemas híbridos o autocracias competitivas – como lo es el gobierno de Hugo Chávez– tienen una característica en común: a diferencia de los sistemas dictatoriales hegemónicos o unipartidistas, permiten la existencia de una oposición inocua que los legitima.

No son dictaduras, pero tampoco son democracias porque las instituciones democráticas –si bien existen– no tienen independencia y son utilizadas para cercenar las posibilidades de que los partidos de oposición logren cuotas importantes de poder. Estos regímenes, por lo general, se diferencian de las democracias en tres elementos básicos: las elecciones no son justas y libres (utilizan, entre otros atropellos, el fraude o las inhabilitaciones que acabamos de mencionar en Irán, en Rusia y en Venezuela), incurren en importantes violaciones de las libertades civiles (discriminación política, amenazas y coacción) y abusan del poder económico y político del Estado, para crear unas reglas de juego ampliamente sesgadas a favor del partido de gobierno. En otras palabras, la receta tiene dos elementos fundamentales: conducir elecciones periódicas que los legitime y evitar violaciones flagrantes de los derechos humanos que puedan generar cuestionamientos internacionales. Para la supervivencia del autócrata del siglo XXI, es muy importante la fotografía que le da la vuelta al mundo: las largas colas de votantes. Ellos saben que mientras no se asesine al opositor ¿cómo se captura en una imagen la falta de Estado de Derecho? Así, pues, estos tipos ponen la soga al cuello pero no ahorcan, hostigan pero no liquidan, discriminan pero no eliminan, permiten el acto electoral pero limitan el derecho de elegir. ¿Qué hacer? La única opción es seguir compitiendo electoralmente para no perder sino más bien tratar de ganar espacios, pero al mismo tiempo poner en evidencia su verdadera naturaleza antidemocrática para desenmascararlos internacionalmente y ante sus seguidores.

Las inhabilitaciones políticas que este Gobierno nos pretende imponer son una flagrante violación de la Constitución y de nuestro Estado de Derecho.

No podemos ir a las elecciones sin gritarle al mundo lo que verdaderamente está pasando aquí. Hay que manifestar en las calles, informar a la sociedad civil y los gobiernos de otros países sobre éste y otros atropellos. Somos nosotros los responsables de provocar la reacción internacional que este tipo de autócrata teme. Así se hizo en Ucrania, en Irán, en Kenya, y se está haciendo hoy en Zimbabue. Si no asumimos esta responsabilidad, en noviembre los medios de comunicación mostrarán la única imagen que Chávez busca: las colas de votantes esperando para ejercer su derecho como si aquí no estuviera pasando nada. Eso sí que no.

Publicado en el Diario El Nacional edición del día 21/06/08 página Nación 11

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