La capacidad de reinventar la historia para justificar expropiaciones no tiene límites en América Latina. Ahora hay quienes nos quieren echar el cuento de que en Bolivia, hasta que llegó Evo Morales, dominaba una oligarquía blanca y de rancio abolengo que mantuvo a latigazos una gran desigualdad en lo que siempre ha sido un país rico. La trama de este cuento, diseñada a la conveniencia del actual Presidente y parecida, por cierto, a la historia oficialista en Venezuela, sugiere entonces que el mandato de Evo Morales es el de saldar esa deuda histórica expropiando a los capitalistas de su “acumulación originaria” de capital –pecado original según Marx– para que el Estado se encargue de repartir la riqueza entre la mayoría indígena excluida desde los tiempos de la colonia. Veamos por qué la realidad no calza con esta descripción.

Bolivia no es un país rico, de hecho, es más bien el país más pobre de América Latina después de Haití. Ciertamente es un país desigual, pero con índices Gini de desigualdad similares a los de Brasil o Chile, países que, por cierto, tienen un ingreso per cápita más de tres veces superior al de Bolivia. Por lo tanto, el problema de los bolivianos no es que el ingreso esté mal distribuido sino que éste apenas existe. En otras palabras, el reto no es la redistribución obligada de lo poco que hay sino la creación de un ambiente que invite a la inversión y genere más empleo y crecimiento. Sólo así tendrá éxito Evo Morales en satisfacer las legítimas aspiraciones de la población que lo apoya, sea ésta indígena o no.

Por otra parte, esa “rancia oligarquía” no ha estado en el poder ininterrumpidamente desde la colonia. En Bolivia se produjo una revolución en el año 1952 liderizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario durante la cual se nacionalizaron las minas de estaño, cuyos activos pasaron a formar parte de la empresa del estado Corporación Minera de Bolivia. En 1953 también se realizó una agresiva reforma agraria por la cual se repartieron tierras baldías y se expropiaron fincas para repartirlas entre los campesinos del mayoritariamente indígena oeste de Bolivia. En otras palabras, este proceso revolucionario que se extendió por más de diez años, sirvió para darle un gran poder tanto a los sindicatos mineros como a los campesinos a través de distintas federaciones y grupos de presión los cuales lograron una gran influencia en la toma de decisiones del Gobierno.

El otro mito es que la región de la “media luna” –compuesta por las prefecturas de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, en el este de Bolivia, y donde perdió Evo Morales de manera categórica–, está en manos de esa “rancia oligarquía". Esa zona del país estuvo deshabitada hasta que otra revolución, la tecnológica-agrícola que se inició apenas hace 20 años, permitió el desarrollo de un tipo de soya genéticamente alterada para crecer en esas tierras. En otras palabras, esa zona no estuvo poblada sino hasta épocas muy recientes, pues los indios precolombinos y los poscolombinos optaron por vivir en el altiplano, en efecto el más pobre hoy pero no por falta de expropiaciones y nacionalizaciones. Es decir, la nueva revolución boliviana pretende usar el mismo cuento para apropiarse de los frutos del esfuerzo de otros, no de los mantuanos de la colonia sino de emprendedores recientes.

Esta historia recurrente de expropiaciones está entre las cosas que han mantenido a Bolivia y a otros países de América Latina en la pobreza, pues al dedicarse a arrebatar el esfuerzo ajeno, aquellos dispuestos a esforzarse para crear riqueza y bienestar terminan haciéndolo en otras latitudes. Es por ello que en el país de Evo y en el de Chávez, muchos ciudadanos prefieren ser “explotados” en la oprobiosa España que “liberados” en su propia tierra.

Publicado en el Diario El Nacional edición del día 16/08/08 página A11

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Una estrategia sería la de declarar ilegítima la nueva deuda externa

Chávez sigue negándose a explicar la naturaleza de sus relaciones con las FARC. Esta actitud evasiva es absolutamente inaceptable después de las conclusiones presentadas por la Interpol sobre las computadoras de Raúl Reyes. Si bien esta organización no se pronunció sobre el contenido de los 37.872 documentos analizados, sí confirmó lo que el Gobierno colombiano venía diciendo: que las computadoras no habían sido manipuladas y que en efecto pertenecían a Raúl Reyes. Lo que haga ahora el Gobierno colombiano con esa información dependerá de las posibilidades de encontrar apoyo en los otros gobiernos de la región sospechosamente mudos hasta ahora. Pero a nosotros los venezolanos nos toca exigir de manera categórica que nuestro Gobierno responda a las graves acusaciones que se desprenden de algunos de los documentos que ya han sido publicados. Por ejemplo, existen cartas que demuestran que Chávez no sólo propuso financiar a la guerrilla colombiana con 300 millones de dólares, sino que exculpó secretamente a las FARC de la muerte de varios miembros de la Guardia Nacional y de una ingeniera de Pdvsa en la llamada masacre de Apure. Con delitos de esta naturaleza no nos extraña que el Presidente y la fiscal general se escuden en descalificaciones y llamen “payasada” la investigación llevada a cabo por la Interpol, pero no podemos quedarnos callados.

Me temo que el silencio de los otros países de América Latina ante semejante violación por parte del Gobierno venezolano de los tratados antiterrorismo de la OEA y de las Naciones Unidas son una prueba más del poder de la petrochequera de Chávez. Lo cierto es que durante este gobierno, la deuda de Pdvsa se ha cuadruplicado a pesar de que los ingresos petroleros también lo han hecho y según cálculos basados en anuncios oficiales, Venezuela se gasta 9 millardos de dólares al año en ayuda a otros países, y una cantidad no conocida en una carrera armamentista. En síntesis, este es un gobierno forajido que no sólo gasta nuestros recursos en financiar a terroristas, sino que hipoteca nuestro futuro para comprar lealtades de otros gobiernos y de esta manera evitar sanciones que lo debiliten políticamente. ¿Qué hacer? El tema del castigo internacional a los gobiernos forajidos sigue siendo producto de debate. Una estrategia a considerar sería la de declarar ilegítima la nueva deuda externa que emitan estos gobiernos y de esta manera alertar a los potenciales inversionistas internacionales de que el país no tiene el compromiso de pagarla luego de la salida del Presidente. Esta sanción impide que el Gobierno consiga financiamiento y, por esa vía, que comprometa el futuro del país para mantenerse en el poder. Con ello se le pondrían límites a su capacidad de gasto y de endeudamiento.

Para que el principio de deuda ilegítima tenga los efectos que se desea sin destruir el acceso al crédito de los gobiernos legítimos, es importante que la declaratoria se haga por adelantado y que sólo afecte la deuda emitida a partir de una fecha futura conocida.

Por ejemplo, si la oposición expresa su desconocimiento de la deuda futura y los principales centros financieros del mundo lo acompañan, los acreedores no podrán utilizar las cortes de esos países para hacer valer sus derechos. Sólo los que crean que Chávez se queda hasta el 2021 querrán invertir en deuda que venza en 2010 o en 2020. Así el próximo gobierno no tendrá que cargar con las hipotecas que deje este gobierno forajido.

Publicado en el Diario El Nacional edición del día 24/05/08 página A9

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por Teodoro Petkoff

El saqueo del país está llegando a extremos francamente apocalípticos. Lo de los bonos de la Electricidad de Caracas alcanza nuevos niveles en materia de enriquecimiento ilícito. La operación es como sigue: la Electricidad de Caracas, ahora estatal, anuncia una emisión de bonos de deuda pública. Monto: 650 millones de dólares, a diez años y con intereses al 8,5%. El comprador los adquirirá, con una prima, al precio de 105%, es decir, por cada mil dólares de valor facial pagará 1.050. Denominado en dólares, el bono será pagadero en bolívares fuertes a la tasa oficial de cambio de Bs. F. 2,15 por dólar. Hasta aquí el procedimiento sigue la pauta de las colocaciones de otros papeles, que aseguran dólares pagados a precio oficial, vendidos luego en el mercado paralelo y la cochina va a los que parten y reparten. Pero en el caso de los bonos eléctricos, el comprador deberá vender obligatoriamente sus bonos a un comprador aún no identificado, el cual pagará en dólares. El precio de recompra fluctúa entre Bs. F. 3,42 por dólar y 3,60, porque el precio de “recompra” es con un descuento entre 62,7% y 66%. Es decir, por cada mil dólares de bonos el tenedor recibiría 627 o 660 dólares, según sea el descuento. Pero, y he aquí el kikirigüiki, el precio promedio de los bonos venezolanos en el mercado secundario es de 83% sobre su valor facial. De manera que los recompradores, todavía anónimos pero presumibles, estarían ganándose entre 170 y 200 dólares por cada 1.000 de bonos “recomprados” con los descuentos antedichos.

Compraste a 62 o 66 y vendiste a 83. La emisión completa (650 millones de dólares) produciría una “ganancia” entre 110 y 132 millones de
dólares.

¿Para esto fue que nacionalizaron la Electricidad de Caracas? ¿Para transformarla en “agente corporativo” de robos a la nación y enriquecimiento de funcionarios y operadores financieros del régimen? Ya no vamos a preguntar si el Presidente está enterado de esto o si esto se hace a sus espaldas. Porque no sólo es imposible que no esté enterado de las enormes vagabunderías que se están llevando a cabo con las colocaciones de bonos de deuda pública, sino que puede presumirse que habiendo sido convencido por Moris Beracha del mecanismo a utilizar para deshacerse, sin que dejen rastro, de las notas estructuradas, que entrañaron una pérdida patrimonial para la nación superior a los 3 mil millones de dólares, se tome un tiempo para monitorear personalmente el desarrollo de las operaciones.

Y eso que todavía no ha sido establecido oficialmente el cambio dual. Cuando eso ocurra, la orgía de corrupción que se nos viene encima dejará como unos robagallinas a los famosos operadores de Recadi. La descomposición moral de este régimen está tocando fondo; el fondo de la olla que están raspando ante la perspectiva de que Chávez tiene fecha fija de vencimiento.

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