Los gobiernos de Chávez y los Kirchner han sido regímenes amigos no sólo en su populismo sino también en su cercanía cómplice como abusadores del poder. Por ejemplo, ambos han preferido enfermizamente la confrontación al consenso y el insulto a Bush para que no les pregunten sobre sus corruptelas. También los une el gobernar con inconsultos decretos a espaldas de la sociedad. Bueno, y ni hablar de los hinchados maletines con dólares del “Imperio” que viajan en aviones de los 2 gobiernos para comprar conciencias. Pues bien, hoy, en julio de 2008, casi 10 años después de haber llegado Chávez al poder y 5 desde que los Kirchner llegaran a la Presidencia de Argentina, la historia los coloca en una encrucijada similar: dejar que la sociedad se exprese a través de sus instituciones o imponer sus decisiones por encima de ellas. Veamos.

Esta semana, al sur del continente, en Argentina, el gobierno de los Kirchner se tropezó con una tremenda piedra institucional. Luego de haber querido imponer vía decreto la resolución 125, que establecía un impuesto móvil de hasta 50% a las exportaciones agrícolas, la Presidenta afrontó el rechazo total de los productores del agro, lo cual disminuyó su popularidad a 30% a pocos meses de haber sido electa. En respuesta, y a la mejor usanza chavista, los Kirchner afincaron su posición en una imaginaria lucha de clases y enfáticamente descalificaron a los agricultores como terratenientes y oligarcas del campo.

Para su sorpresa, se le unió a la protesta la clase media y se dividió el Peronismo. Con esa papa caliente en la mano no le quedó mas remedio a la Presidenta de Argentina que llevar la resolución 125 al Congreso. Pues bien, en un histórico evento, luego de que fuese aprobado en la Cámara de Diputados, se produjo un empate en la Cámara del Senado.

En horas de la madrugada, el vicepresidente Julio Cobos se tuvo que presentar como presidente del Senado a votar para decidir el empate. En algo que consideró su compromiso con la historia, decidió votar en contra de la propuesta.

Al mismo tiempo, en Venezuela se conoció que el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Pedro Rondón Haaz escribió su ponencia sobre el artículo 105 de la Ley de Contraloría, en la cual se apoyó el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, para impedir que cientos de venezolanos que han desempeñado cargos públicos participen como candidatos en las próximas elecciones regionales de noviembre. El magistrado argumenta claramente en dicha ponencia que el artículo 105 de la Ley de Contraloría es inconstitucional y que, por lo tanto, las inhabilitaciones políticas quedarían sin efecto. En otras palabras, el presidente Chávez encuentra un claro obstáculo en el Tribunal Supremo de Justicia a lo que es un descarado uso del Poder Moral para inhabilitar a sus contendores con más posibilidades de ganar. ¿Cuál será el desenlace de este enfrentamiento? El TSJ se encuentra ante la misma disyuntiva que afrontó el Senado y el vicepresidente argentino: apegarse a las instituciones y al deseo de las mayorías o doblegarse ante la tozudez del autócrata y perder toda credibilidad. No cabe la menor duda de que la ponencia del magistrado Rondón Haaz le multiplicó a Chávez y al TSJ el costo político de las inhabilitaciones.

Argentina se despierta tranquila gracias a que se evitó un error histórico que hubiese traído años de enfrentamiento y atraso. Ojalá las instituciones venezolanas puedan ganar una legitimidad similar al decidir correctamente el tema de las inhabilitaciones y dejar que la elección la haga el pueblo. Lo que Chávez y los Kirchner deben entender es que quienes más les favorecen en su estabilidad futura son aquellos que saben decirles que no.

Publicado en el Diario El Nacional edición del día 19/07/08 página Nación A/13

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